Morelia, Michoacán, 12 de junio de 2025.– El Congreso del Estado de Michoacán comenzó a discutir por primera vez una iniciativa que busca sancionar la usurpación de identidades de género en candidaturas destinadas a personas LGBT+. En una sesión ordinaria, la diputada Eréndira Isauro Hernández presentó una propuesta legislativa para castigar a partidos políticos, aspirantes y candidatos que simulen pertenecer a la comunidad LGBT+ con el fin de ocupar espacios reservados mediante acciones afirmativas.
Esta iniciativa surge en respuesta a un problema que ha venido creciendo en los últimos años: la utilización indebida de las cuotas destinadas a la diversidad sexual. Originalmente pensadas como un mecanismo de reparación histórica —para permitir la participación política de poblaciones históricamente excluidas de los espacios de poder— estas acciones afirmativas han sido distorsionadas por personas que, sin formar parte de la comunidad LGBT+, acceden a candidaturas mediante la autoadscripción simple.
Durante el proceso electoral de 2024 en Michoacán, colectivos LGBT+ denunciaron al menos ocho casos documentados de personas que se registraron bajo estas cuotas sin contar con un vínculo real con la comunidad. Algunas se inscribieron como mujeres trans o lesbianas, sin acreditar trayectoria, activismo o documentación legal correspondiente con la identidad asumida. De acuerdo con activistas, esta práctica pervierte el sentido de las acciones afirmativas y profundiza la exclusión al convertir los espacios ganados en simulaciones de representación.
En ese contexto, Adriana Peña Rojas, presidenta de Pride Michoacán, advirtió en mayo:
“Mientras no se concrete una reforma electoral de fondo en materia de acciones afirmativas, existe el riesgo de que se repita la usurpación de espacios destinados a la representación de la diversidad sexual en los comicios de 2027.”
Uno de los principales puntos de tensión ha sido precisamente la autoadscripción simple como único requisito para registrarse bajo estas cuotas. A diferencia de los procedimientos para personas indígenas, afromexicanas o con discapacidad —que requieren documentación adicional— en el caso de la diversidad sexual basta con una declaración personal. Esta falta de verificación ha sido aprovechada por partidos políticos que, según organizaciones civiles, cumplen los requisitos de manera formal, pero no garantizan una representación sustantiva.
Hasta hace pocas semanas, el tema no se había colocado de forma concreta en la agenda legislativa. El pasado 18 de mayo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, reconoció en entrevista que la usurpación de espacios era “una práctica reprobable y poco ética”. Sin embargo, admitió que la bancada de Morena no tenía contemplada ninguna iniciativa para atender la problemática en ese momento.
El panorama cambió esta semana. La diputada Eréndira Isauro Hernández propuso sancionar formalmente a partidos, precandidatos, candidatos e incluso aspirantes independientes que incurran en la simulación de pertenencia a la comunidad LGBT+ con fines electorales. Su iniciativa establece criterios y sanciones para frenar la usurpación de identidades de género en el registro de candidaturas a cargos de elección popular.
Desde el ámbito federal, voces especializadas han advertido sobre los riesgos de una representación formal vaciada de contenido real. Salma Luévano, ex diputada trans y defensora de los derechos político-electorales de la población LGBT+, lo sintetiza así:
“El problema no es la existencia de las acciones afirmativas, sino su regulación deficiente: la falta de mecanismos de control efectivos y criterios claros de adscripción permiten abusos que vacían de contenido la representación política de las personas trans y de la diversidad sexual.”
En la misma línea crítica, Raúl Martínez, integrante del colectivo Michoacán es Diversidad, subraya la responsabilidad directa de los partidos:
“El gran problema son los partidos políticos que se niegan a invertir y fortalecer su militancia al no considerar a mujeres, indígenas, personas de la diversidad. Además, el órgano electoral burla la ley en temas de paridad de género al permitir que en los espacios asignados a mujeres entren todas las acciones afirmativas.”
Si bien los colectivos LGBT+ consideran positivo que finalmente se abra el debate legislativo, también advierten que el reto es mayor: no basta con sancionar casos aislados. La demanda de fondo es transformar el diseño de las acciones afirmativas y crear mecanismos que aseguren una representación real, no gestionada por partidos que instrumentalizan los derechos de las disidencias sexuales y de género.
La iniciativa presentada ahora pasará a revisión en comisiones. A pesar de este primer paso, persiste un vacío estructural: ¿cómo garantizar que los espacios políticos reservados a las poblaciones LGBT+ sean ocupados efectivamente por quienes viven, defienden y representan esas identidades?