Evolución, motivos y protocolos
La jornada electoral de 2024 será la más grande de la historia en México, tanto que solo en Michoacán este 2 de junio se disputarán 1,137 cargos de elección popular, entre ellos están las 40 diputaciones del Congreso del Estado y los 112 ayuntamientos al interior. Sin embargo, 20 comunidades indígenas que se rigen por su autonomía no permitirán la instalación de casillas para llevar a cabo este proceso.
Esto comienza desde mediados de 2023, cuando el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Guzmán Macario, hizo un llamado a los partidos políticos a respetar la autodeterminación de las comunidades indígenas, invitando a que se eviten hacer campañas políticas. En ese momento también afirmó que se espera que alrededor de 30 comunidades indígenas no instalarán casillas para junio de 2024,
Ante esta situación, autoridades estatales y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) insisten en que se realice el proceso para garantizar el derecho a votar y ser votado. Alfredo Ramírez Bedolla señaló que no hay razones válidas para evitar la instalación de casillas en las comunidades indígenas durante el proceso electoral que se llevará a cabo.
Sin embargo, esta problemática no es la primera vez que sucede, en 2021, dirigentes de las asambleas afirmaron que uno de los motivos por los que no permitirían las casillas son las divisiones y confrontaciones que los partidos políticos generan. Por otro lado, los pueblos buscan la continuación del sistema de usos y costumbres, sin la intervención de intereses externos (MiMorelia.com, 2020).
Durante este periodo, se realizó un documento en el que los pueblos autónomos exigieron su derecho a la libre determinación política y fue entregado al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el que se señaló que tampoco se permitirían actividades de proselitismo en las localidades (Magallán, 2020).
Para el proceso electoral de 2024, desde inicios de este año, el número de comunidades y casillas que no serán instaladas ha ido incrementando, para finales de enero, medios de comunicación informaron que el INE había contabilizado “134 casillas que serían dadas de baja y que corresponden a 47 secciones electorales, en 35 localidades de 16 municipios, que conforman 8 distritos electorales locales y 7 federales entre ellos el de Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Pátzcuaro” (Carmona, 2024).
Un mes después, en el informe más reciente, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, comunicó que poco más de 96 mil ciudadanos serán afectados por la falta de instalación de al menos 158 casillas en 17 municipios, apreciándose un notorio crecimiento (Sol de Morelia, 2024).
Uno de los motivos por el rechazo a la instalación de casillas electorales, es la inconformidad respecto a la nula solución de las problemáticas presentadas en mesas de diálogo con autoridades estatales.
Uno de los casos es el de San Matías del Grande, municipio de Hidalgo, sus habitantes se han enfrentado a varios roces con la cabecera municipal debido a la negativa de otorgar el presupuesto directo que debió haber sido entregado con anterioridad (Bustos, 2024). El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Téllez Marín, niega servicios públicos como seguridad y salud, transgrediendo la libre autodeterminación, lo que provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera medidas precautorias en su contra.
Por otro lado, el vocero del CSIM denunció que, en estas comunidades, han detectado colusión del crimen organizado con partidos políticos para presionar a las autoridades a instalar las casillas electorales, sumándose una razón más al rechazo de estas (Eslava, 2021).
“Al dañar los bosques se nos acaba la vida, se acaban los manantiales y finalmente es lo que nos ha hecho decidir o nos permite a nosotros entrar en una situación de: ya basta”, así lo expone Pedro Chávez, comunero de Cherán en la entrevista que le otorga a Voces en lucha, refiriéndose al momento en que el pueblo en medio del crimen organizado, consiguió enfrentarse a este y expulsar a partidos políticos, ayuntamiento y policía, acudiendo a sus estructuras propias e históricas de organización colectiva, y convertirse en ejemplo y referente de autonomía indígena y autogobierno.
La capacidad de toma de decisión, organización propia y sin intervención de instituciones externas, son de los puntos más importantes a la hora de exigir que se respete la postura de las comunidades a no instalar casillas electorales en los pueblos que se ha rechazado.
Ante esta situación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se consultó al IEM acerca del presupuesto asignado para las de casillas electorales en pueblos indígenas del Estado. Además, se tomó en cuenta que muchas de las comunidades no permitirían su instalación, principalmente para conocer el procedimiento tendría que realizar el IEM en estos casos y qué sucede con el recurso económico que estaba destinado.
El IEM respondió que no es responsable de la instalación de casillas electorales, deslindándose de proporcionar esta información, misma que es esencial para comprender cómo se desarrollará la jornada electoral del 2 de junio, señalando al INE como único responsable.
Por otra parte, el IEM en su sitio web oficial se describe como “el organismo público autónomo que tiene el encargo constitucional de organizar las elecciones estatales para renovar al Poder Ejecutivo del estado, las 40 diputaciones locales y los 113 Ayuntamientos” (Instituto Electoral de Michoacán, 2018).
La declaración anterior deja claro que a pesar de que este instituto responda ante el INE, también posee facultades administrativas que le permiten responder al cuestionamiento. Esto señala 2 posibilidades: el IEM no tiene ningún manual o protocolo que guíe a los trabajadores para atender situaciones como esta, o se negaron a proporcionar información acerca del rechazo a la instalación de casillas en pueblos indígenas.
La manera en que ha evolucionado la negativa a la instalación de casillas, los antecedentes encontrados, los motivos y la falta de un protocolo por parte del IEM, indican que en los pueblos indígenas autónomos que se rechace el próximo proceso electoral, no habrá urnas para votar.
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Mauro Díaz Baeza